Introducción
La reforma constitucional en materia judicial, promulgada el 15 de septiembre de 2024, constituye uno de los cambios más trascendentales en la historia reciente del Poder Judicial en México. Con el argumento de democratizar el acceso a la función jurisdiccional y fortalecer el control ciudadano sobre la impartición de justicia, esta reforma modifica los mecanismos de designación de jueces, magistrados y ministros, sustituyendo el sistema de carrera judicial por un proceso mixto de evaluación previa y elección popular.
No obstante, la implementación de esta reforma se ha visto acompañada de múltiples retos y cuestionamientos, entre ellos la falta de transparencia en la integración de los comités de evaluación, la ausencia de criterios objetivos en los procesos de selección, la opacidad en las etapas preparatorias para la elección y la incertidumbre sobre la idoneidad y la independencia de quienes resulten electos.
Estos factores inciden directamente en la confianza institucional, impactando en el Estado de Derecho, el clima de negocios, las inversiones nacionales e internacionales, así como la estabilidad política y económica. Por ello, desde Ramos Castillo, S.C., consideramos indispensable ofrecer a nuestros clientes un análisis profundo sobre la situación, los riesgos latentes, los escenarios posibles y las acciones jurídicas y estratégicas que pueden adoptarse para proteger sus intereses y tomar decisiones informadas.
1. Contexto general de la reforma judicial
1.1 Origen y motivaciones políticas
La reforma nace de un discurso orientado al combate a la corrupción judicial y la supuesta “captura” del Poder Judicial por élites alejadas del pueblo. La narrativa oficial sostiene que solo mediante la participación directa de la ciudadanía en la elección de jueces, magistrados y ministros se podrá garantizar imparcialidad y legitimidad democrática.
Sin embargo, múltiples voces en la academia, organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales y organismos internacionales han advertido que la elección popular de cargos jurisdiccionales representa un riesgo severo para la independencia judicial, dado que expone a los juzgadores a dinámicas electorales, presiones políticas, clientelismo, financiamiento opaco de campañas y pérdida de neutralidad institucional.
1.2 Elementos estructurales de la reforma
La reforma establece:
- La desaparición de la carrera judicial como principal mecanismo de acceso a cargos jurisdiccionales.
- La creación de comités de evaluación integrados por representantes de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), encargados de evaluar a los aspirantes antes de que sus nombres sean sometidos a elección popular.
- La organización de jornadas electorales nacionales y estatales para la designación de jueces, magistrados y ministros.
- La modificación de los periodos de duración en el cargo y los procedimientos para su eventual remoción, ahora más susceptibles a presión política.
- La restricción del control constitucional de la Suprema Corte sobre reformas constitucionales, eliminando uno de los principales contrapesos institucionales.
2. Principales retos identificados
2.1 Integración y desempeño de los comités de evaluación
Los comités de evaluación, que en teoría deberían ser cuerpos técnicos con independencia y rigor, se conformaron bajo criterios poco transparentes. La participación del Poder Ejecutivo y Legislativo ha sido dominante, desplazando al Poder Judicial en su papel natural de garante de la calidad técnica y ética de los futuros jueces.
Los principales retos detectados:
- Falta de perfiles técnicos: la integración de los comités no responde a méritos profesionales o académicos, sino a cuotas políticas.
- Opacidad en su funcionamiento: las sesiones no son públicas y sus resoluciones carecen de justificación suficiente.
- Falta de mecanismos de impugnación: no existen recursos claros ante decisiones arbitrarias de los comités.
- Precariedad en la rendición de cuentas: no se publican informes periódicos ni metodologías de evaluación.
2.2 Proceso de evaluación y selección de candidatos
Se han detectado graves deficiencias:
- Criterios ambiguos y discrecionales para determinar idoneidad, sin parámetros uniformes.
- Filtraciones y filtrado político: listas de aspirantes se han publicado de manera parcial, generando incertidumbre y desconfianza.
- Aspirantes sin trayectoria judicial o académica relevante han sido admitidos, debilitando la confianza en el proceso.
- Ausencia de participación ciudadana real: aunque se habla de procesos abiertos, la sociedad civil solo puede “opinar”, sin efectos vinculantes.
2.3 Organización de la jornada electoral
La organización de elecciones judiciales presenta desafíos inéditos:
- Falta de experiencia institucional: ni el INE ni los órganos locales electorales tienen experiencia en procesos de elección de jueces.
- Riesgos de desinformación: la población carece de elementos para valorar la idoneidad de candidaturas.
- Polarización política: el proceso podría derivar en una judicialización de la elección judicial misma, generando conflictos postelectorales.
- Posibilidad de financiamiento irregular: la ausencia de fiscalización adecuada podría derivar en la captura de cargos judiciales por intereses particulares.
Una vez electos, el reto será aún mayor:
- Inexperiencia técnica: nuevos juzgadores sin formación adecuada enfrentarán una curva de aprendizaje que pondrá en riesgo la calidad de las resoluciones.
- Falta de independencia real: quienes lleguen por financiamiento o apoyo político podrían actuar con sesgos o sumisión.
- Desprestigio institucional: sentencias controvertidas o de baja calidad jurídica deteriorarán la confianza en el Poder Judicial.
3. Riesgos para el entorno jurídico, político y económico
3.1 Riesgos para el Estado de Derecho
- Erosión institucional: el Poder Judicial dejará de ser un árbitro neutral y podría convertirse en un actor político más.
- Incertidumbre sobre la aplicación de la ley: resoluciones arbitrarias, contradictorias o dictadas bajo presión política afectarán la seguridad jurídica.
- Posible ruptura del principio de división de poderes, afectando la supremacía constitucional.
3.2 Riesgos para la inversión y la economía
- Aumento en la percepción de riesgo país.
- Inseguridad jurídica en contratos y litigios, particularmente en sectores regulados (energía, infraestructura, telecomunicaciones).
- Incertidumbre sobre la protección de derechos de propiedad y cumplimiento de resoluciones judiciales.
- Conflictos postelectorales judiciales.
- Mayor concentración de poder político.
- Percepción negativa internacional sobre la estabilidad democrática en México.
3.3 Riesgos políticos e institucionales
(Desarrollados en puntos anteriores)
4. Escenarios posibles
4.1 Escenario Óptimo (Bajo riesgo)
Características:
- Se corrige la integración de comités mediante presión institucional y observación ciudadana.
- La elección judicial se desarrolla con legalidad, transparencia y participación.
- Los nuevos funcionarios muestran profesionalismo e independencia.
Impactos esperados:
- Se preserva la certidumbre jurídica.
- La percepción de riesgo país se mantiene estable.
- La confianza institucional se ve mínimamente afectada.
Acciones recomendadas:
- Reforzar contratos con cláusulas de arbitraje.
- Mantener seguimiento jurídico y actualizaciones periódicas.
4.2 Escenario Intermedio (Alto riesgo)
Características:
- La integración de comités permanece opaca.
- La elección judicial presenta irregularidades y desinformación.
- Se eligen jueces con deficiente perfil técnico.
Impactos esperados:
- Aumento en la desconfianza jurídica.
- Litigiosidad creciente.
- Volatilidad en mercados sensibles.
Acciones recomendadas:
- Activar planes de contingencia jurídica.
- Aumentar participación en observatorios.
- Revisar contratos sensibles.
4.3 Escenario Crítico (Riesgo extremo)
Características:
- Comités de evaluación bajo control político.
- Jornada electoral con irregularidades.
- Jueces sin preparación ni independencia.
Impactos esperados:
- Pérdida de confianza en el Poder Judicial.
- Afectación directa a inversiones y contratos.
- Intervención de organismos internacionales.
Acciones recomendadas:
- Activar cláusulas de protección internacional.
- Reforzar compliance.
- Mantener interlocución con organismos multilaterales.
5. Escenarios posibles
Alta Probabilidad | Alto Impacto:
- Captura política del Poder Judicial
- Sentencias arbitrarias en sectores estratégicos
- Incertidumbre sobre cumplimiento de contratos
Alta Probabilidad | Bajo Impacto:
- Desinformación pública
- Desprestigio institucional
Baja Probabilidad | Alto Impacto:
- Colapso de proyectos de inversión extranjera
- Crisis institucional extrema
Baja Probabilidad | Bajo Impacto:
- Afectación reputacional menor
- Desacuerdos internos entre comités de evaluación
6. Acciones recomendadas para nuestros clientes
6.1 Acciones jurídicas preventivas
- Monitoreo jurídico continuo.
- Auditorías contractuales.
- Cláusulas de contingencia jurídica.
6.2 Acciones corporativas y de gestión de riesgo
- Análisis de proyectos sensibles.
- Planeación fiscal y regulatoria estratégica.
- Fortalecimiento de compliance.
Conclusión
La reforma constitucional judicial representa un punto de inflexión sin precedentes en la arquitectura institucional del país. Su implementación coloca al Estado mexicano en un escenario de alta complejidad jurídica, política y económica.
La opacidad en los procesos y la posibilidad de perfiles sin experiencia ni independencia representa un riesgo directo al Estado de Derecho y la inversión. Por ello, empresas e inversionistas deben adoptar estrategias preventivas, revisar sus contratos y participar en espacios de observación.
Desde Ramos Castillo, S.C., hemos diseñado acciones concretas para mitigar riesgos y proteger los intereses de nuestros clientes.
La independencia judicial y la certeza jurídica son fundamentales para la viabilidad económica y la estabilidad democrática del país. Frente a la incertidumbre, la mejor respuesta es la prevención estratégica y la acción informada.
